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Asociación de Discapacitados Físicos 

COSA NUESA

18/03/2004
Celebrada el pasado 16 de marzo, la Asamblea General de la Federación de Centros Especiales de Empleo del Principado de Asturias.

La Federación de Centros Especiales de Empleo del Principado de Asturias advierte que pueden perderse un millar de puestos de trabajo para personas con discapacidad en Asturias.

Las últimas medidas adoptadas por la consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, en Resolución dictada el pasado 24 de Enero de este año, con relación a las ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo en los Centros Especiales de Empleo, han significado una merma considerable en el importe de dichas ayudas.

Esta modificación de la Norma establecida, que sin duda atiende a una política de “austeridad” de la Administración va a significar un descalabro económico de muchos Centros a medio plazo y por consiguiente de puestos de trabajo, ya que la gran mayoría dependen de las ayudas para poder pagar los salarios.

Huelga decir que si el mantenimiento de los Centros existentes va a resultar complicado, la incorporación de nuevas personas con discapacidad al mercado de trabajo o de nuevos Centros es inviable.

La Asamblea General de la Federación de Centros Especiales de Empleo del Principado de Asturias, celebrada el pasado 16 de marzo ha girado en torno a esta preocupación, y en la misma se decidió hacer partícipe a los medios de comunicación del grave problema que se avecina y recurrir en cualquier caso la decisión de la Administración, si por la vía de la negociación no se consigue el mantenimiento de los puestos de trabajo.

La necesidad de tener una legislación eficaz que impulse la integración social de las personas con discapacidad, está justificada en el artículo 49 de la Constitución, mediante el cual “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad”.

La Ley 13/ 1.982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos en desarrollo y cumplimiento del mandato constitucional, señala como objetivo fundamental el de lograr la completa realización personal y la total integración social de las personas con discapacidad. En el Título VII, art. 37 dice “Será finalidad primordial de la política de empleo de trabajadores minusválidos su integración en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido que se menciona en el artículo 41″.

El Consejo de la U. Europea en su resolución de 17 de Junio de 1.999 relativa a la igualdad de oportunidades laborales de las personas con minusvalías reconoce los esfuerzos efectuados y proyectados por los estados miembros en la aplicación de políticas destinadas a la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral, en especial en el marco de la Estrategia Europea para el Empleo, y así mismo reconoce el impulso aportado por las Directrices Anuales de Empleo.

El Consejo destaca también la importancia de los Planes Nacionales de Acción para el empleo e insta en su punto 2 a) a los Estados Miembros a que en el marco de sus políticas nacionales de empleo, y en colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales de minusválidos, pongan especial énfasis en fomentar las oportunidades de empleo de las personas con minusvalía y adopten las medidas preventivas y activas apropiadas destinadas a fomentar de modo específico la integración de los minusválidos en el mercado laboral en el sector privado, así como en el sector público.

El R.D. 2273/85 considera en su introducción los Centros Especiales de Empleo como elementos básicos integradores del minusválido, en el mundo ordinario de trabajo, cuando por sus circunstancias de orden personal, no puedan ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales … estableciendo un código de relación entre ellos y las Administraciones Públicas, encaminado todo ello no sólo a favorecer la creación de cuantos sean precisos para atender a la población disminuida del país, sino también para potenciar los existentes.

Sin embargo, la nueva Resolución viene a contradecir en cierta manera el espíritu de la norma y el apoyo al empleo protegido, rebajando lo que hasta ahora se percibía para contratar y mantener puestos de trabajo de personas con minusvalía.

Desde esta Federación sólo queremos transmitir a la opinión pública 2 cuestiones fundamentales:

   1. Una persona con un impedimento físico, psíquico o sensorial, es una persona exactamente igual que cualquier otro ciudadano. Con más dificultades para salir a comprar, cruzar la calle o hacer deporte, pero que se casan, tienen familia, lloran, ríen y sienten como cualquiera de nosotros. Pero piénsenlo…, encontrar trabajo en el mundo de la Competitividad, de la Empresa del “más válido” , “más rápido” y “más mejor”, ¿hay un hueco para estas personas? Pues es el trabajo, como para nosotros, lo que nos hace sentirnos útiles, nos proporciona la independencia económica, unas obligaciones, una relación con los demás, una disciplina y en definitiva lo que llamamos integración social.
   2. Los Centros Especiales de Empleo somos aquellas empresas cuyo objetivo principal es ” el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado y teniendo como finalidad el garantizar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social, a la vez que sea un medio de integración del mayor número de personas con discapacidad al régimen de trabajo normal” (art.42, de la Ley de Integración social del minusválido - L 13/82)
      Ciertamente, los Centros perciben subvenciones para el mantenimiento de puestos de trabajo para personas con discapacidad, concebidas para paliar la merma de productividad de los trabajadores minusválidos en comparación con la Empresa Ordinaria.

Pero para poder tener acceso a estas ayudas al puesto de trabajo, bonificaciones, etc. Los Centros Especiales de Empleo deben reunir una serie de requisitos y gravámenes en comparación con la Empresa ordinaria. Por ejemplo:

  • Los Centros tienen la obligación de realizar durante el año Servicios de ajuste personal y social para todos los trabajadores en plantilla. El coste lo asume íntegro el Centro.
  • La plantilla ha de estar constituida por el mayor número de trabajadores minusválidos y nunca inferior al 70% de la plantilla total, independientemente de su grado de minusvalía. (En las plantillas de los Centros podemos encontrar personas con un grado de discapacidad desde el 33% hasta el 95%).
  • La formación del personal corresponde íntegramente a los Centros. Los CEE. no pueden acogerse a ninguna acción formativa legislada para la Empresa Ordinaria. El coste total es asumido por el Centro.
  • Para su creación, la Ley exige la calificación e inscripción en el Registro de Centros, de las Administraciones Central o Autonómica, siempre que cumplan una serie de requisitos, independientemente si son públicos o privados o si carecen o no de ánimo de lucro.
  • La merma de productividad en comparación con la Empresa ordinaria es evidente, máxime cuando hablamos de mucho personal con minusvalías muy diferenciadas, o de Centros con plantilla contratada de personas con discapacidad intelectual, o de salud mental.
  • El índice de absentismo en comparación con la Empresa ordinaria es asombroso, pero no porque la persona no quiera trabajar, sino porque necesita llevar controles médicos y tratamientos periódicos (algunas personas una vez por semana) o porque con menos defensas que los demás son más susceptibles a la enfermedad.
  • Los Centros tienen como objetivo principal, según dictamina la Ley, de ser un tránsito a la Empresa Ordinaria. Esto quiere decir que un trabajador formado y capaz debe abandonar el Centro y pasar a la Empresa que lo contrate. Este coste es altísimo para los Centros y debe asumirlo por Ley.
  • Los Centros deben someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero por parte de la Administración, así como hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.


Del mismo modo, la integración en el mercado ordinario se hace muy complicada para los Centros, sólo por el hecho de ser empresas de minusválidos y la imagen que tiene el comprador final o los contratantes de nuestros servicios es de “menor calidad, más lentos, menor productividad, menor imagen…” en definitiva menor penetración en el mercado y mas costosa nuestra labor. Si bien es verdad que una vez que conseguimos entrar, nuestro cliente queda plenamente satisfecho con el trabajo realizado.

Sin embargo la labor social y laboral de los centros Especiales de Empleo tanto en el Principado como en el resto del País al día de hoy es demostrable. En Asturias 1500 personas con discapacidad trabajan en los Centros, ganan un salario digno, cotizan a la Seguridad Social y pagan sus impuestos.

Podemos asegurar que mucho más de la mitad de este colectivo no tendría nunca ni siquiera la oportunidad de probar en una Empresa Ordinaria su capacidad y acabaría por tener que subsistir de las Pensiones de las Arcas del Estado.

Desde luego todos tenemos nuestras propias preocupaciones, y los problemas de los demás no nos atañen. Pero sí es responsabilidad de esta Sociedad en general, decidir si en un futuro no muy lejano queremos tener una gran parte de la población dependiendo de las pensiones, o por el contrario potenciamos la competitividad del empleo protegido, incluso lo ampliamos a personas en riesgo de exclusión social, reinserción e inmigrantes. No es una utopía, y si esta opción es la elegida, podemos pensar en un futuro mucho más justo para todos.



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